Es aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.
En primer lugar, no haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización en la fecha del accidente o no reunir los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva, si la incapacidad deriva de contingencias comunes o accidente no laboral.
En segundo lugar, se necesita que el trabajador esté afiliado y en alta al Régimen General de la Seguridad Social o en situación asimilada al alta. Aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones, los trabajadores se considerarán también de pleno derecho y en alta. Se considera situación de alta especial la huelga legal o el cierre patronal.
En tercer lugar, el trabajador ha de haber cotizado previamente si la incapacidad deriva de enfermedad común o accidente no laboral y el trabajador no se encuentra dado de alta ni situación asimilada.
Si la incapacidad permanente total surge tras acabarse la incapacidad temporal, bien porque se haya agotado el plazo, bien por alta médica con propuesta de incapacidad permanente, el inicio se toma desde la fecha que se acabe la incapacidad temporal. Si la incapacidad permanente no viene por incapacidad temporal o ésta no ha finalizado, se entiende que empieza cuando el tribunal médico o Equipo de Valoración de Incapacidades emita su dictamen-propuesta. Si la incapacidad se produce desde una situación de no alta ni asimilada al alta, se entiende que empieza el día de la solicitud.
El 100 de la base reguladora. Aumentaran las pensiones de un 30 a un 50 cuando la lesión se produzca por negligencia del empresario cuyo recargo se hará cargo él. El 50 para los trabajadores que una vez hayan llegado a la edad de jubilación o más años, accedan a la pensión derivada de contingencias comunes por no tener acceso a la pensión de jubilación.
Las pensiones derivadas de enfermedad común o accidente no laboral se pagarán en 14 pagas. En 12 pagas las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Se garantizan unas cuantías mínimas mensuales dependiendo de si el trabajador tiene cónyuge a su cargo o no. Esta pensión y la de gran invalidez están exentas de tributar por IRPF.
En el tema de las compatibilidades, esta pensión no impide realizar aquellas actividades compatibles con el estado del inválido. No obstante, la Entidad gestora podrá revisar la incapacidad permanente. Esta pensión y la de gran invalidez cuando pase a ser pensión de jubilación, será incompatible con un trabajo.
Cuando la prestación se derive de enfermedad común o accidente no laboral, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social quien lleva a cabo el pago. Cuando se derive de enfermedad profesional será el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y también cuando se derive de accidentes de trabajo. En los casos de pensión vitalicia será el INSS.
Si el trabajador ha cometido fraude para obtenerla o mantenerla, o si el beneficiario es imprudente o abandone el tratamiento sanitario o rechace los procesos de rehabilitación al que estaba sometido y la incapacidad se agrave.
La curación del beneficiario, el fallecimiento, el paso a pensión de jubilación y por revisión de la Entidad y ésta determine la pérdida de la pensión.